Un juzgado de Huesca suspende cautelarmente la obligación de asistir a clase a un alumno.

   MADRID, 11 de junio. Los objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) están de enhorabuena: las objeciones superan las 35 mil en toda España (a unos meses de implantarse en todas las comunidades autónomas) y los tribunales de justicia acaban de dictar una nueva medida que favorece sus derechos fundamentales. Así, un Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huesca ha suspendido cauterlarmente la obligación de asistir a clase de EpC a sus hijos. El procedimiento judicial se inició porque la objeción de los padres fue rechazada por una resolución administrativa de la Consejería de Educación del Gobierno aragonés.

   En el Auto judicial se afirma que la inasistencia a clase del alumno (respetando el derecho a la objeción de conciencia de los padres) no hace daño a terceros ni perturba el interés público  (argumento que esgrimía el Gobierno aragonés para rechazar la objeción a EpC). Por otra parte, la resolución del juzgado afirma que, la asistencia a clase provocaría que los hijos de los objetores “recibieran una enseñanza, o adoctrinamiento, en unos valores que no son los compartidos por sus progenitores”.  

   Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, indica que la resolución judicial de Huesca es provisional y deberá ser confirmada por sentencia. También recuerda que la suspensión de la asistencia a clase de EpC ha sido admitida por una docena de autos dictados en el mismo sentido por el Tribunal Superior de Justicia Andalucía. Además, este mismo Tribunal ha dictado dos sentencias reconociendo el derecho a la objeción a Educación para la Ciudadanía y una tercera sentencia anulando parte de los contenidos de la polémica asignatura por considerar que vulneran la neutralidad ideológica del Estado.

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Jaime Urcelay, teléfono 690608702.

Teresa García-Noblejas, teléfono 652881445.

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